El alcalde de la ciudad —@alejoeder— ha manifestado estar invirtiendo cerca de $1.46 billones en centenares de intervenciones a lo largo de la ciudad. La ejecución presenta una ciudad copiosamente intervenida, especialmente en materia de infraestructura vial básica. A primera vista, es un esfuerzo técnico y fiscal considerable que, en términos de gestión, podría considerarse activo y ambicioso.

Pero el problema no es el tamaño del esfuerzo, sino su traducción política.

La evidencia y la experiencia en nuestro medio indican que este tipo de intervenciones, especialmente las de infraestructura vial básica, centradas en reparaciones dispersas y de carácter correctivo (bacheo o tapar huecos), difícilmente se traducen en capital político sostenible. En el caso de Cali, el patrón se confirma: hay una inversión extendida y visible en el territorio, pero incapaz de generar una narrativa de transformación.

La naturaleza de la intervención es el primer punto crítico. Si bien es cierto que concentrar obras asociadas a reparcheo o tapar huecos y al mantenimiento de vías responde a una necesidad real, esto no deja de ser una expectativa básica. Para el caleño de a pie, no es una mejora extraordinaria, sino la corrección de un rezago acumulado. Así las cosas, el alcalde le abona a resolver un déficit de antaño, pero no necesariamente edifica un diferencial político.

Es más, los mapas de inversión revelan una intervención atomizada: múltiples puntos, múltiples frentes, múltiples contratos. Desde la mirada técnica, pareciera haber una cobertura amplia; pero, desde la percepción ciudadana, en cambio, el impacto se diluye. Hasta el momento, no hay una obra nueva que sea emblemática, ni un corredor transformador, ni un proyecto que encarne la acción de gobierno en una imagen potente. La ciudad ve “obritas”, pero no necesariamente “un gran cambio”.

La narrativa financiera adquiere relevancia. El monto de la inversión introduce un marco de interpretación sensible. Como quiera que nos movemos en un entorno de alta desconfianza institucional, el tamaño de la cifra activa preguntas sobre endeudamiento, adjudicaciones, eficiencia y priorización, pero sin una pedagogía sobre el origen, destino y retorno de esta inversión. La cifra pasa a ser un arma de doble filo: aparentemente comunica capacidad de gestión, pero también alimenta la sospecha.

Con la realización de obras simultáneas de infraestructura vial, se genera congestión, desvíos y afectaciones en la movilidad, especialmente en corredores estratégicos, aumentándose el costo político. Estas molestias son inmediatas y acumulativas, en contraste con los beneficios de las intervenciones. El desbalance es claro: el ciudadano vive el costo todos los días, sin reconocer el beneficio con la misma intensidad.

Hay, además, algo que no puede ignorarse: la competencia de agendas. Cali enfrenta desafíos severos en seguridad, empleo, servicios públicos y cohesión social. En ese contexto, el bacheo vial, por más extendido que sea, compite con otros problemas que tienen mayor carga emocional y política, donde la gente no evalúa por sectores, sino por resultados integrales.

Esto nos lleva a una conclusión: el gobierno de la ciudad ha activado la máquina de la inversión, pero aún no logra traducir esa acción con sentido político. La ciudad está siendo intervenida, pero no necesariamente está convencida.

Finalmente, el reto no es hacer más obras. Cali demanda pasar de un mantenimiento extendido a una transformación estructural, lo que implica priorizar intervenciones de alto impacto, concentrar esfuerzos en corredores visibles, elevar estándares de calidad y, sobre todo, comunicacionalmente, generar un relato que conecte la inversión con mejoras tangibles en el día a día de los ciudadanos: menos tiempo de desplazamiento, mayor seguridad vial y mejor acceso a oportunidades.