Con poco sentido social y más bien con alto contenido de populismo, la propuesta del alcalde de Cali, @alejoeder, de condonar impuestos adeudados, bajo la máscara del “Predial Social”, no es otra cosa que un intento por legalizar lo ilegal. En sus poco creíbles declaraciones, manifestó que su “histórica propuesta” beneficiaría a no menos de 245 mil caleños que deben, cada uno, más de 7 millones de pesos y que se encuentran en condiciones de “vulnerabilidad”.

Dicha propuesta, inicialmente difundida como aprobada, no solo evidencia abuso de poder, sino que desafía el marco jurídico colombiano, poniendo al @Concejodecali en una situación peligrosa.

Presentada como un gesto de compasión, la iniciativa choca de frente con la Constitución y el orden legal vigente. No pueden donarse recursos públicos a personas naturales ni jurídicas privadas, y eso es lo que implica condonar el capital de impuestos ya causados: una donación encubierta. Es más, este tipo de limitaciones legales exige que toda exención, creación o modificación tributaria tenga respaldo jurídico expreso. En este caso, no lo hay.

Más aún, clara y consistente ha sido la jurisprudencia de las cortes Constitucional y Consejo de Estado al determinar que los entes territoriales no tienen competencia para perdonar deudas tributarias ya consolidadas. En estos casos, lo único legalmente posible son las exenciones futuras —reguladas dentro del marco legal— o acuerdos de pago que solo pueden incluir intereses, nunca el capital. Ninguna de nuestras leyes vigentes, ni mucho menos el Estatuto Tributario Nacional, autoriza lo que el alcalde ha pretendido hacer. Así las cosas, la propuesta es una “torticera” interpretación del derecho para justificar una medida que simplemente no cabe.

El argumento de la “vulnerabilidad” tampoco resiste el análisis legal. El Estado sí puede y debe proteger a las poblaciones más pobres, pero debe hacerlo dentro del marco de la ley. Las acciones reconocidas por las disposiciones legales se implementan mediante beneficios fiscales hacia el futuro, no mediante borrón y cuenta nueva. Perdonar impuestos retroactivamente, sin agotar siquiera los procedimientos de cobro que exige la ley, rompe con la equidad, la legalidad y la sostenibilidad fiscal.

Además, de aprobarse la propuesta y hacerse efectiva, su impacto económico sería brutal: se habla de una posible condonación que representa no menos de $229 mil millones. ¿Y la consecuencia? Desincentivar el pago voluntario, castigar a los ciudadanos que cumplen y premiar a quienes no pagan. Esto no es justicia social, es irresponsabilidad fiscal.

Que el alcalde anuncie que volverá a presentar la propuesta, pese a que el Concejo, de forma responsable, ha señalado las inconsistencias jurídicas y ha dejado vencer el plazo sin aprobarla, no solo es un desafío a la corporación, sino al principio de legalidad que sustenta el Estado de Derecho. Esta presión para que los concejales avalen la iniciativa podría acarrearles consecuencias disciplinarias e incluso penales por aprobar medidas contrarias al marco constitucional y legal.

La solución no es vaciar las arcas de la “Hacienda Distrital”, sino rediseñarla y actualizarla, aplanando con justicia la base gravable de algunos tributos y trazando políticas fiscales sostenibles, con respaldo legal.

El Concejo hizo bien en detener esta iniciativa. Ahora debe mantenerse firme. Porque ceder sería rendirse peligrosamente ante un proyecto que usa engañosamente la “equidad” como coartada para romper la ley. Cali merece soluciones reales, no atajos ilegales.