UNA CHISPA Y TODO ARDE

Cali no ha dejado de caminar por el filo de la navaja. La ciudad, aun con las heridas abiertas del estallido social de 2021, se encuentra hoy en un escenario preocupantemente similar: desigualdad estructural, inseguridad creciente, movilidad caótica, informalidad rampante y operativos de control cada vez más agresivos, tanto para la movilidad como para el espacio público.

Al parecer, la administración del alcalde Eder ha tomado la decisión de recuperar el orden. Intención legítima que, en principio, compartimos. Pero el enfoque escogido —sancionador, vertical y sin diálogo social real— puede encender “la chispa” que prenda “la mecha” de un nuevo estallido social.

Un dato conocido: más del 50 % de la fuerza laboral de la ciudad subsiste en la informalidad. En sectores como el “occidente alto” y el “oriente” de Cali, mal llamados “ladera” y “distrito de Aguablanca”, respectivamente, muchas personas sobreviven con lo que producen un “carrito” de dulces, una “carreta” de frutas, un vehículo “pirata” alquilado o una moto prestada o comprada a cuotas. Para ellos, eso no es un lujo: es su único capital de trabajo y/o su patrimonio, que les permite subsistir. En el caso de la moto, con la que hacen “motoratón”, es la herramienta que conecta zonas donde el sistema M.I.O. no llega. Lo mismo ocurre con los vehículos “piratas”, que en la práctica suplen el fracaso crónico del transporte masivo en la ciudad.

Por eso, decomisar una moto, un vehículo “pirata” o confiscar la mercancía a un ciudadano pobre no es simplemente hacer cumplir la ley: es quitarle a esa persona la posibilidad de comer, pagar el arriendo o mandar a los hijos al colegio. Si bien esos hechos pueden verse como actos de orden, en la práctica —tal como los viene ejecutando la administración— se perciben como castigos que empujan a las personas aún más al borde de su drama familiar.

Muchos caleños sienten que tienen un alcalde con actitud de “mayordomo castigador”, que prefiere multar antes que educar, y que confunde control con represión, autoridad con severidad. Pero gobernar es disciplinar con inteligencia: es comprender realidades complejas y dar respuestas proporcionales.

No hay que olvidar que multar y confiscar generan ingresos para la ciudad, sí, pero también alimentan la impopularidad del gobernante y, lo más grave, empujan a los ciudadanos a un estado de desesperación donde una chispa basta para incendiarlo todo. El alcalde debe entender que, en el caso de la movilidad, lo que los ciudadanos necesitan y reclaman es que sea, sin trancones ni caos, pero lograda desde la educación y la cultura ciudadana, no desde el miedo y el castigo.

No hace bien el gobierno cuando quiere convertir el control del espacio público y de la movilidad en el azote de su gente. No. La autoridad sin sensibilidad social no conlleva orden: genera impotencia y rabia. Y en esta ciudad, la rabia ya ha demostrado de lo que es capaz cuando explota.

La solución no es retroceder frente al desorden, sino replantar el camino. En consecuencia, antes de que los niveles de agresividad sigan peligrosamente escalando —o mejor, antes de que se produzca un desenlace fatal— apremia la adopción y puesta en marcha de una estrategia más humana e inteligente, que combine prioritariamente cultura ciudadana con orden y justicia, estableciendo diálogos con todos los actores comprometidos en la solución, y proponiendo, eso sí, programas efectivos de transición hacia la formalidad.

Cali necesita orden, sí, “pero no así”. Tratar de imponerlo inhumanamente, sin contexto social, es algo así como colocar la cuota inicial del error que ya nos costó muertos, trauma y ruptura institucional.

Finalmente, lo mismo de siempre: aún se está a tiempo para corregir. Hacer “un alto en el camino”, dejar a un lado tanto arrebato y sentarse a pensar soluciones a partir de escuchar, no es debilidad. Corregir no es claudicar, porque gobernar con inteligencia social es, en realidad, el único camino para no dejar caer la ciudad en llamas.